La polémica en torno a Pepe Torres y la cancelación de su pelea en LFA es conocida, pero por si acaso te la perdiste, la repasamos rápidamente.
Primero, la Comisión de Arizona le realizó un test sorpresa pocos minutos antes de su pelea y, tras un supuesto positivo instantáneo en opiacidos, le impidieron subir a la jaula a la espera de pruebas materiales más fehacientes.
Pocas semanas después, el alicantino reveló que las pruebas científicas probaban ese primer test como incorrecto, limpiando así su nombre de cualquier tipo de duda sobre un posible uso de sustancias médicas ilegales.
El problema, no obstante, es que cuando un luchador compromete su vida y sus ahorros para viajar a Estados Unidos y buscar su sueño, las mismas comisiones que velan por la integridad del deporte realizando estas pruebas deberían asumir su error y repararlo de alguna manera, cosa que la Comisión de Arizona no ha hecho, según hemos sabido en Jaula Magazine.
La postura de Arizona frente al caso de Pepe Torres
Más allá de la prueba erróna, el primer fallo de la Comisión de Arizona pasó por el silencio durante los primeros compases de la polémica.
A la pregunta de Jaula sobre el caso y los motivos para cancelar la pelea, la Comisión se limitó a señalar que “es política habitual no comentar sobre resultados hasta que estén confirmados por un laboratorio”. Un comentario al que añadieron que su prioridad es “proteger la salud y seguridad de los atletas, incluso si eso implica decisiones difíciles como la cancelación de combates».
Es decir, nada hasta que no vea un resultado real, pero tampoco aclaro si es rutinario hacer estos controles minutos antes de la pelea o si existe la posibilidad de que estuvieramos ante un falso positivo.
Como ya sabemos, los resultados oficiales del laboratorio, recibidos el 1 de julio, fueron negativos, lo que llevó a levantar la suspensión administrativa de Pepe Torres. Aquí, aunque el daño ya estaba hecho, es cuando Arizona podía entrar a reparar el agravio, pero ha optado por no hacerlo.
La Comisión, de hecho, se ha desmarcado de cualquier responsabilidad económica o deportiva derivada de la cancelación. Según explicaron a Jaula, “no es obligatorio que el promotor pague al luchador” en este tipo de situaciones, ni ellos entran a hacerlo como un juez puede obligar a pagar costas a quien pierde una denuncia. Sobre todo, porque ellos son juez y verdugo, y no contemplan autosentenciarse.
El peleador, en definitiva, queda en una posición vulnerable pese a haber sido finalmente exonerado, sin pelea y sin recuperar el dinero, y no queda otra que seguir remando. Un consuelo que es poco, pero que es la única opción que deja esta situación.
